ROSARIO.- La investigación por las amenazas de las que fue víctima el gobernador Maximiliano Pullaro y por la comisión de distintos atentados tuvo un giro inesperado, luego de que ayer fueran detenidos cinco integrantes de la policía de Santa Fe, que pasado mañana serán imputados del delito de “encubrimiento”, después de que se descubrió que habrían “plantado” tres armas a un detenido. La sospecha es que los policías habrían cobrado dinero de una banda narco para perjudicar al grupo criminal rival, un esquema de corrupción que se vio claramente en otras causas judiciales, como la de Los Monos.

La secuencia comienza el 31 de enero pasado, cuando Alexis Michell, que se circulaba en una camioneta Toyota Hilux, es detenido por la policía. La versión oficial que se difundió fue que los uniformados secuestraron en el vehículo tres pistolas calibre 9 mm, .40 mm y .380 mm.

También se incautaron de un cartón con un mensaje que decía: “TOE dejen de joder porque ni Pullaro los va a salvar”. La acusación contra Michell fue la de participar en un ataque a balazos a la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) el 20 de enero último.

Según advirtieron fuentes judiciales, el acusado argumentó que las armas las había plantado la policía. De todos modos, fue imputado días después. Pero en la investigación judicial comenzó a florecer la hipótesis de que lo que decía el sospechoso, ligado a la banda de Francisco Riquelme, podría tener asidero.

Para el fiscal Franco Carbone, a cargo de la investigación, los policías plantaron las armas para involucrar en el hecho a una banda rival. No aportó detalles de qué grupo criminal sería el que tramó el plan criminal con los efectivos del Comando Radioeléctrico, que serán imputados por “encubrimiento”.

El fiscal aún no tiene en claro si los policías también participaron de los ataques en los que se usaron esas armas. En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe señalaron que los agentes no habrían disparado ni organizado los atentados.

Esas tres armas, según Carbone, se usaron en tres ataques que ocurrieron días después de que asumiera como gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, que dispuso un reagrupamiento de los presos de alto perfil en los penales de la provincia, que generaron que se produjeran en las calles atentados y amenazas contra el mandatario provincial.

El primer ataque fue el 12 de diciembre pasado, cuando dos hombres, uno de ellos con guantes de látex, disparó con una pistola calibre .40, de gran poder de fuego, contra la sede del Banco Macro de Ovidio Lagos y Saavedra. En ese lugar los atacantes dejaron una amenaza contra Pullaro, que hacía referencia al enojo de los presos de alto perfil de la cárcel de Piñero.

Unas horas después se produjo un ataque similar contra la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde el calibre que utilizaron los atacantes fue el mismo. Además, los tiradores dejaron otro mensaje casi idéntico al que habían arrojado en la puerta del banco horas antes.

El tercer ataque se produjo el 27 de diciembre. Ese día fue baleada la comisaría 19ª de Rosario. Los disparos, según los peritajes, se hicieron con una pistola .380. En una audiencia imputativa fue acusado Riquelme, preso actualmente en la cárcel de Marcos Paz, de planear y de financiar este ataque. La sospecha del fiscal era que también había organizado los dos atentados previos, pero no obtuvo pruebas para endilgarle esos hechos.

Además, en la investigación judicial detectaron que el 20 de enero pasado se usó una de las armas plantadas por la policía, una calibre 9 mm, para balear la sede de la TOE, en la zona oeste de Rosario. Ahí también se encontró un mensaje que hacía referencia a la banda Tripi. Tres días después, con esa pistola tirotearon el bar de una estación de servicio. Y apareció el mismo mensaje.

Tras una serie de peritajes balísticos, el fiscal Carbone ordenó la detención de cinco policías, entre los que hay tres hombres de trayectoria en la fuerza y dos recién ingresados. Uno de los efectivos tenía carpeta médica, pero a pesar de eso se encontraba en la provincia de Córdoba. Este uniformado se desempeñaba en la Oficina de Gestión Judicial del Ministerio Público de la Acusación, aunque antes había pasado por el Comando Radioeléctrico, que era el lugar donde trabajaban actualmente los otros aprehendidos, que serán imputados el próximo miércoles.

“Se les va a imputar el encubrimiento de balaceras a objetivos importantes que tuvieron por objeto amenazar al gobernador y a distintos funcionarios provinciales”, aseguró Carbone en conferencia de prensa.

El titular de Control Policial, Lucas Covacich, confirmó a LA NACION que los uniformados fueron pasados a disponibilidad y que si son imputados y quedan en prisión preventiva serán pasados a “pasivos”, que es una instancia en la que no perciben salario.

La banda conocida como Tripi, a la que pertenece el conductor de la Toyota Hilux al que le plantaron las armas, opera en los monoblocks del barrio Fonavi Parque Oeste, donde el monopolio de la venta de drogas lo tiene Iván Tripi, que fue condenado el año pasado a siete años de prisión por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2. La distribución de cocaína en el barrio la manejaban desde las cárceles de Resistencia y Ezeiza, donde están presos la mayoría de los integrantes de este grupo.

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