El anarcocapitalismo tiene puntos de convergencia con el anarcosocialismo. Ambos comparten una cosmovisión determinista del proceso histórico. Para los primeros, la historia evoluciona hacia una sociedad ideal regida por transacciones voluntarias de mercado que permiten la realización del derecho de propiedad y la plena vigencia de la libertad individual; para los otros, la dictadura del proletariado deriva en una sociedad comunista sin clases con hombres nuevos en convivencia armónica y solidaria. Para ambos, el proceso histórico implica una lucha por el poder que divide a la sociedad entre opresores y oprimidos. Casta dominante que concentra el poder político y económico con el monopolio de la fuerza estatal, y casta dominada sometida a crecientes gravámenes confiscatorios de la propiedad que financian un Estado opresor y ladrón. Clase dominante que controla la propiedad de los medios de producción, y clase dominada alienada, de la que el capitalista toma para sí la “plusvalía” generada por su trabajo. La raíz más profunda de esta convergencia es que ambos anarquismos parten de la premisa de que el ser humano es por naturaleza bueno, y que, como ya lo planteaba Rousseau, ha sido corrompido por las relaciones sociales. Por aquellas relaciones derivadas de la irrupción de un Estado “Leviatán” que ejerce poder coercitivo conculcando libertades y confiscando el derecho de propiedad para los libertarios; por aquellas relaciones de producción que establecen un patrón económico que subordina la superestructura jurídica, política e ideológica de la sociedad, para la visión marxista.

El choque de ambas utopías se produce cuando plantean el rol del Estado. Para los anarcocapitalistas, el Estado siempre ha sido el problema (el ogro opresor que sostiene a una casta parasitaria y que saquea a los individuos productivos), y la solución radical es su desaparición. Para los anarcosocialistas, el Estado es un instrumento al servicio de la clase dominante, y se torna clave en la revolución del proletariado para despojar a los capitalistas de la propiedad privada y ejercer el dominio de la propiedad colectiva de los medios de producción. En el ideal libertario (bien reflejado en libro La rebelión de Atlas, de Ayn Rand), el rol del Estado debe menguar hasta extinguirse; para los marxistas, en cambio, el Estado debe ser capturado y hacerse omnipresente en la etapa revolucionaria, antes de su eliminación en la sociedad ideal.

La realidad comparada, sin embargo, no tiene experiencias referenciales de anarcocapitalismo ni de anarcosocialismo. Las sociedades idealizadas responden a cosmovisiones que en el fondo tratan de dar repuesta a los planteos existenciales, y, en la práctica, operan como credos seculares en el menú de tenedor libre que ofrece la posmodernidad. Los países, con sus individuos, sus grupos sociales y sus instituciones, experimentan la saga de los socialismos y de los capitalismos reales. Y con los datos que ofrece la evidencia comparada podemos afirmar que las experiencias de socialismo real terminaron en grandes fracasos, no desarrollaron ningún país. Las experiencias de capitalismo real exhiben, en cambio, éxitos de desarrollo, pero también algunos fracasos: ¿el capitalismo argentino? William Baumol y otros economistas advirtieron hace dos décadas que el socialismo había dejado de ser una opción de organización económica para los países que quieren prosperar y que ahora el debate se daba entre variantes de capitalismo “bueno” o el capitalismo “malo”, al que estigmatizaron como crony-capitalism (capitalismo de compinches o de amigos, deriva populista del capitalismo corporativo). En las variantes de capitalismo bueno, con roles del Estado más o menos activos, los autores destacan como tema clave la articulación institucional de las políticas públicas con la operación y el funcionamiento eficiente de los mercados en una estrategia de desarrollo exitosa de largo plazo. A su vez, en todas las experiencias de “capitalismo bueno”, la calidad y el alcance de los bienes y servicios públicos son la llave del progreso inclusivo y de la movilidad social.

Para transformar el Estado argentino en sus distintos niveles hay que empezar por recuperar la diferenciación entre los bienes y servicios públicos puros de aquellos que no lo son. Los bienes públicos puros tienen características únicas que superan la eficiencia de los mercados privados. El consumo individual no excluye el consumo de otros individuos (no hay rivalidad de consumo). Es imposible impedir que otros disfruten de su uso (free riders). En vista de que todos disfrutan el uso de esos bienes y como nadie puede evitar que los demás los usen, todos tienen un incentivo para disimular la demanda de bienes puros a fin de evitar pagar su parte proporcional de los costos. De ahí el planteo de que el presupuesto público se tiene que hacer cargo de financiarlos. No son “bienes gratuitos”, se financian con impuestos que paga el conjunto de la sociedad. Entre los bienes públicos considerados básicos están la seguridad, la defensa y la justicia. La calidad y el alcance de estos bienes puros marca la diferencia entre un Estado viable y un Estado fallido.

Hay otros bienes que se identifican como públicos, sin ser puros, por su impacto social beneficioso (externalidades positivas). Entre ellos, la educación y la salud públicas, y el acceso a ciertas prestaciones sociales básicas, todo lo que con buen criterio esta administración ha concentrado en el Ministerio de Capital Humano. El alcance del financiamiento público de estos bienes y su modalidad dependerán de las restricciones de presupuestos orientados al equilibrio intertemporal sostenible. El debate cultural impondrá nuevos conceptos como el de educación pública de ingreso irrestricto o salud pública de acceso universal (la idea de “gratuidad” entre nosotros ha desnaturalizado la aritmética de ingreso y gasto público). La calidad y el alcance de estos bienes y servicios son fundamentales en la reparación del ascensor social argentino.

La consolidación de una estabilidad macroeconómica sustentable debe tener en cuenta otras prestaciones estatales relacionadas con el desarrollo, también con probadas externalidades positivas. Como la participación público-privada en la construcción de una infraestructura logística que vertebre las regiones argentinas y abra oportunidades de acceso a mercados regionales y externos. La participación público-privada en programas que potencian el circuito ciencia-tecnología-producción-educación y en programas que se ocupan del cuidado y la preservación del medio ambiente. Todo guiado por una interlocución que promueva un federalismo de concertación. En el financiamiento de estos bienes y servicios habrá concurrencia de recursos nacionales y provinciales, y creciente participación de recursos privados. Los recursos públicos a comprometer pueden provenir de fondos contracíclicos (a constituirse con la recuperación de los superávits gemelos) o con el rendimiento de un fondo soberano intergeneracional a formarse con parte de la renta apropiada por el Estado en el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos y mineros. Son bienes y servicios que apuntalan el desarrollo productivo.

El rol excluyente de la inversión privada y la operación competitiva de los mercados, garantizada por las políticas de defensa de la competencia y por la regulación de segmentos no competitivos, también requiere un rol del Estado articulando intereses y promoviendo la inserción de la Argentina en la región y en el mundo. Un Estado transformado, austero y proveedor de bienes y servicios públicos de calidad, y una nueva estrategia productiva de valor agregado exportable para crecer y generar nuevos empleos privados. La convergencia liberal desarrollista para cambiar la Argentina.

Doctor en Economía y en Derecho