Más allá de los voluminosos números que aportaron confusión en la semana, promediando el cuarto mes de gestión, hay indicios firmes de la marcha que el oficialismo propone en el achicamiento del Estado. Según pudo reconstruir este medio, a este domingo, fecha en la que se vencían los contratos que fueron prorrogados a fines de diciembre, el Gobierno había desvinculado del Estado a por lo menos un total de 12 mil trabajadores. Así, en lo que respecta al empleo público, el ritmo al que gira la motosierra es de casi 106 bajas por día.

Se trata, sin embargo, de un número estimado que no fue confirmado por el oficialismo. Este indicador surge de una combinación entre los datos oficiales del mes de febrero –que aportan un piso firme de más de 9500 desvinculaciones– , y la información que se desprende del seguimiento que los propios gremios realizan de las bajas en el día a día.

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Así, las fuentes consultadas en el sector estiran el número oficial de febrero a la cifra indicada de 12 mil despidos. Sobre el total de la Administración Pública Nacional (APN), que excluye a las empresas y sociedades del Estado, ese número representa un recorte del 5% en la plantilla de trabajadores estatales si se toma como referencia los datos de noviembre, es decir, los datos del último mes que estuvo de principio a fin bajo la anterior gestión, y en el cual se registraban un total de 233.095 trabajadores. Según los datos del Indec, hasta el pasado mes, en la APN se consolidaban un total de 9646 bajas.

El relevamiento de los gremios, –la Asociación de los Trabajadores del Estado, por caso, lleva un monitoreo de las bajas– pone en movimiento la foto del Indec del mes de febrero y agrega nuevas bajas en la administración pública. Una fuente gremial que responde a la CGT pero también suma datos de ATE, confirma que sus cálculos dan que las bajas se ubican en las 12 mil.

Las cesantías que se conocieron en los últimos días, como las que se dieron en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), donde no fueron renovados cerca de 300 contratos, y las 86 bajas que afectaron, por caso, al Conicet, ya sitúan a aquel dato oficial de febrero por encima de los 10 mil despidos.

Semana confusa

El revoleo de cifras durante la semana sembró confusión en torno al alcance de los despidos. El martes, durante su exposición en el Foro Económico de las Américas, el presidente Javier Milei insinuó que el Estado Nacional tendría un total de 120 mil trabajadores menos. Afirmó que los despidos realizados por el Gobierno ya alcanzaban los 50 mil y que se darían de baja unos 70 mil contratos más que vencían este 31 de marzo.

Esa matemática que el Presidente ofreció ante empresarios fue rectificada por el vocero presidencial al día siguiente. Los 70 mil contratos que se darían de baja, en rigor, componían la totalidad del universo de contratos que serán evaluados por el Gobierno en los próximos meses y las bajas, corrigió Manuel Adorni, estarían en el orden de 15 mil. Con todo, aseveró que se trataba de un número redondo y que habría que esperar a las liquidaciones del mes próximo para tener el número finito de las desvinculaciones.

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En el entorno del Presidente, sin embargo, no pudieron aclarar si ese número al que refería Adorni, que se encuentra por delante, pero en el mismo carril que los indicadores de los gremios, se correspondía a la totalidad de las bajas que se acumularon en estos más de tres meses de gestión, o si, en cambio, se correspondían a una última ola de marzo y se sumaba a las bajas de los anteriores meses. “El número no está consolidado”, se limitaron a señalar.

Tampoco hubo mayores precisiones en los ministerios que debieron instrumentar el recorte. Habiendo sido los empleados notificados de que sus contratos no serían renovados y de que no debían presentarse a trabajar mañana lunes, en las distintas carteras y organismos no contaban con el dato centralizado de las propias bajas. Es decir, las desvinculaciones estaban consumadas, pero no contabilizadas.

La excepción fue Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello. A pocas horas del anuncio de Adorni, fuentes del sector compartieron un diagnóstico detallado, secretaría por secretaría, de los 3611 despidos en el sector. A su vez, añadieron algunos de los motivos detrás de la decisión de no prolongar esos contratos –excedente de personal, baja productividad, ausentismo, etc-.

Por concentrar a cuatros exministerios se trata de un área de envergadura. Los 3611 casos representan un 30% de los 12 mil despidos realizados en estos meses. En total, en el ministerio estimaron un ahorro cercano a los 30 mil millones de pesos anuales.

Las fuentes consultadas por este medio en el resto de los ministerios informaron que, pese a que el recorte ya estaba hecho no contaban con el “número fino” de despidos y que las precisiones vendrían, tal como adelantó Adorni, con las liquidaciones de abril. “Son un montón de dependencias”, justificaron en una de las carteras.

El miércoles, paro

A la par de los anuncios oficiales corrieron las reacciones gremiales. Tras los dichos del Presidente, ATE agitó la posibilidad de activar un paro, que luego fue confirmado a través de una carta que el gremio de los estatales envió al Ministerio de Capital Humano. En sus redes sociales, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, indicó: “Los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar a nuestros puestos de trabajo haciéndolo exclusivo responsable de cualquier hecho de violencia que lamentar”.

PARO Y MOVILIZACIÓN DE ATE EN TODO EL PAÍS

Mire Presidente @JMilei, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría.
Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento.

La Argentina vive una etapa de… pic.twitter.com/PhfURsVlFy

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 26, 2024

Además de la reincorporación de los trabajadores relegados, los estatales reclaman una suba salarial por encima de la inflación, un freno a las “políticas de ajuste”, y muy a contramano de las intenciones del Gobierno, el pase a planta permanente de los trabajadores bajo contrato, el universo de trabajadores que el Gobierno tiene en la mira para reducir el peso de la administración pública estatal y que seguirá siendo evaluado en los próximos meses.