Lo primero que hay que mirar para ver la factibilidad del proyecto privatizador es el negocio genuino que se esconde detrás. Básicamente, cuál es el activo que se pondrá a la venta. Es posible que le cueste encontrar interesados en comprar la agencia de noticias Télam, una sociedad estatal que maneja la información pública. De hecho, en los últimos años de gestión, la repartición se dedicó, con mucho énfasis, al reparto de la publicidad oficial. ¿Es posible encontrar un comprador para la agencia? Por ahora es una pregunta imposible de contestar, pero bien vale mirar sus números.

En marzo pasado, Télam mandó su presupuesto al Ministerio de Economía. Según los datos oficiales, la sociedad declaró ingresos por $12.287 millones, mientras que los gastos llegan a $18.023 millones. Es decir, el déficit operativo llega a $5735 millones. Quien compre el pliego deberá saber que cuenta con 743 empleados en planta permanente (38 directivos) y 12 más en planta transitoria. A eso hay que sumarle una enorme cantidad de monotributistas que facturan y que, según quienes miran esos números, llegaría a otros 300.

La Televisión Pública es un caso similar. Sin embargo, la empresa Radio y Televisión Argentina (RTA) es la firma que opera de paraguas y que contiene el canal estatal y a Radio Nacional. De hecho, si solo quiere privatizar la pantalla pública, antes debería escindir en otra sociedad. Pero claro, más allá de los subsidios que reciben, gran parte del flujo de publicidad que tienen ambas emisoras también proviene de dinero “intra Estado” que se canaliza como publicidad de otros estamentos públicos.

José Crettaz es periodista y especialista en medios de comunicación. Dice que hay algo de ese mundo que sí tiene valor. “Tanto Radio Nacional como la Televisión Pública tienen muchos inmuebles que podrían tener mucho valor. Pero no creo que haya interesados por el negocio de medios puro, tampoco en Télam, que además de agencia de noticias funciona como central de medios. Ahora, los inmuebles están bien cotizados, hay varios que podrían tener una alta cotización”, dijo. Empieza el tiempo de lo posible, más allá sonido de la motosierra.

Desde aquel julio de 2008 estatizador, el Estado puso 8443 millones de dólares en Aerolíneas Argentinas. Pasaron poco más de 15 años desde que el gobierno de Cristina Kirchner inició el proceso que terminó con la estatización de la compañía aérea, por entonces en manos del grupo español Marsans. Milei volvió sobre aquellos dichos de entregarla a los trabajadores.

La compañía es completamente estatal, ya que aquella propiedad participada que se les dio al momento de la estatización a los empleados está totalmente licuada. Apenas el 0,00001422% está en manos de los trabajadores. De acuerdo con datos oficiales, hasta julio de este año trabajaban 11.920 personas con una antigüedad promedio de 15,3 años, lo que entrega un ratio de empleados por avión de 147,1, si se toma en cuenta que la firma tiene 81 aeronaves en servicio. Por caso, Flybondy tiene poco más de 80 empleados.

Si avanza el plan Milei de entregar la empresa a los empleados mediante algún sistema como una cooperativa, es posible que se empiecen a encontrar algunas dificultades, como con muchas otras iniciativas de la plataforma del libertario. Como se dijo, el Estado aportó 8443 millones de dólares. Los ingresos de la empresa han sido, en promedio, algo más de US$1900 millones. Esa caja de la compañía se compone, históricamente, en partes iguales entre ventas de vuelos a destinos internacionales y ventas a destinos nacionales. Sin embargo, las pérdidas, casi en su totalidad, provienen de la actividad internacional.

El año pasado, siempre de acuerdo con el tipo de cambio oficial, la empresa desembolsó una masa salarial de 675,2 millones de dólares, a razón de 57.804 por cada empleado. Justamente, un esquema como el que propone Milei necesitaría una enorme inyección de dinero. Por caso, una empresa con patrimonio neto negativo (US$1900 millones) y con una necesidad de aportes por unos US$600 millones al año, no parece ser demasiado atractiva. Salvo que se dé el supuesto de que se haga una operación semejante a la que se realizó cuando la entonces estatal Iberia le entregó Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo Marsans. Entonces, el Estado español compensó con US$850 millones al grupo turístico, mientras los empresarios pagaron, a modo simbólico, 1 euro por los activos.

Ese desembolso es incluso mayor al que debería afrontarse si se mantiene el statu quo y se aportan alrededor de US$600 millones por año, lo que llevaría el desembolso al final de la gestión a un aproximado de US$2400. Que se entienda: para que los empleados se hagan cargo, deberán aceptarla. Y los gremios, mejor que nadie, saben que la empresa está lejos de ser viable sin los aportes del Estado.

Por ahora, en la obra pública hay información a cuenta gotas. De hecho, tampoco se tiene claro si la cartera que eventualmente conduciría Guillermo Ferraro reeditará el viejo Ministerio de Planificación Federal, que manejaba Julio De Vido y concentraba todo el poder, o si se desmembrará con funciones repartidas en otras carreras.

Sin crédito, por ahora es difícil entender cómo se financiará la obra pública con dinero privado. A los constructores les resuena una frase de Milei: “Los contratos vigentes se pagarán; los contratos se cumplen”.

Milei irrumpió en la discusión pública con notas distintas, con nuevos proyectos para viejos problemas. Llegó la hora de saber si son posibles de realizar; la política es especialista en destrozar las voluntades de escritorio.