La Ley de Alquileres sancionada en junio de 2020 no funcionó. Esa es una verdad de Perogrullo. Queda aún por ahí algún loco dando vueltas, que se aduce a representación de supuestos inquilinos, e insiste en que la solución al tema sigue siendo con más intervención del Estado. Un sello de goma, al que los Senadores no le debieran dar tanta trascendencia. Pura alharaca.

Ahora bien, el intento de modificación de la ley, una cruzada que pareciera que hasta después del 10 de diciembre no va a ser posible, pone en evidencia la enorme distancia entre el actual gobierno y las necesidades de la gente. Más aún, deja al desnudo el plan original pergeñado por Cristina Fernández de Kirchner, designado por un mensaje de Twitter, a quien iba a ser su candidato de fórmula para las elecciones de 2019, quedando ella atrincherada en el búnker de la vicepresidencia en el Senado de la Nación, desde donde montaría un pseudo estudio jurídico para hacer frente a su defensa en sus causas por corrupción.

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Semanas atrás, el quórum para sentarse a debatir el proyecto de modificación de la ley de alquileres, que venía con media sanción de Diputados, se canjeaba por el tratamiento de la extensión del plazo para jubilarse de la jueza Figueroa, bien destituida ya por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el medio, inquilinos, propietarios, martilleros y todo el desarrollo inmobiliario de rehén de la agenda de la jefa del kirchnerismo, un espacio político que hace tiempo perdió la iniciativa y que quedará en el recuerdo; éste, como uno de los peores gobiernos de la vuelta de la democracia. Con un presidente que lejos de gobernar para atender los problemas de la gente, como podría ser ocuparse de que la población pueda pagar el alquiler de su vivienda, ha priorizado una agenda progresista fuera de época, que deja a la Argentina en la incertidumbre económica, altísima inflación, sin reservas y con un panorama futuro muy incierto.

Ahora bien, yendo a la reforma de la ley de alquileres, es claro que la ley ha sumado muchas complicaciones. Sin embargo, todo no se reduce -únicamente- al plazo de los contratos y la cláusula de ajuste de los mismos, que es de lo único que se habla en estos días. En un reciente trabajo que publicamos con el equipo de Fundación Pensar, destacábamos allí los numerosos cambios que ha sufrido el mercado inmobiliario argentino en estos años, marcado por un entorno de incertidumbre y adaptación constante.

La caída de la oferta de vivienda en alquiler, no es solo a consecuencia de la mala ley de alquileres; la crisis también obedece a la implementación de los DNU dictados por Alberto Fernández durante la pandemia que prohibieron los desalojos, impusieron congelamiento de los alquileres y prorrogaron automáticamente los plazos de los contratos. Y, a ese escenario se sumaron decisiones fiscales y burocráticas que afectaron directamente el normal funcionamiento del mercado.

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Anuncios de expropiaciones, proyectos de ley sobre nuevos controles de precios para las renovaciones de los alquileres, la implementación de múltiples cepos a la economía, afectaron directamente en la capacidad de ahorro de los argentinos como primer eslabón para poder comprar una vivienda. La idea de un impuesto a la vivienda ociosa también resultó una conspiración negativamente contra el sector inmobiliario.

Ante ello, creemos que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación el reciente 23 de agosto pasado, es una mejora notoria y un avance hacia la restauración de la confianza en el mercado de los alquileres, pero que por sí sola no bastará para resolver la totalidad de los desafíos que presenta la política habitacional en nuestro país.

Es necesario reconstruir un enfoque integral y profundo que ataque los problemas centrales que hacen al déficit habitacional que arrastramos hace varias generaciones de manera estructural. La recuperación del crédito hipotecario como herramienta central de acceso a la vivienda y dinamizadora del desarrollo inmobiliario no puede darse con niveles de inflación de dos dígitos mensuales. Es necesario reconstruir la seguridad jurídica, premisa básica de la construcción de nuestra República, donde, la defensa de la propiedad privada y el resguardo de las libertades individuales, no sean puestos en tela de juicio.

En este sentido, creemos que la discusión legislativa en el Senado se debe orientar en la colaboración constructiva y la búsqueda del equilibrio entre las partes. Estamos ante una oportunidad histórica de poder dar una solución de fondo a la problemática normativa de los alquileres en la República Argentina.

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Asimismo, aún queda pendiente introducir a la figura del alquiler social, como una política habitacional más a ofrecer. En efecto, el Programa Nacional de Alquiler Social, creado por el artículo 17 de la Ley 27.551, ha dormido estos cuatro años en el olvido. La posibilidad de que la política pública ayude a quienes tienen dificultades para cumplir con los requisitos de garantía, depósito y demás gastos necesarios para obtener una vivienda en alquiler, con seguros y/o garantías que cubran el no pago de alquileres; van a quedar ya como una deuda pendiente para después del 10 de diciembre. Se perdió la oportunidad en estos cuatro años de desarrollar esquemas de alquiler tutelado para las familias más vulnerables, como ofrecen hoy casi todos los países de la región.

Al respecto, la propuesta de “Un País Ordenado”, recientemente presentada por Patricia Bullrich, incluye la creación de un fondo de crédito para el primer alquiler joven. Se trata de la única plataforma de los tres espacios políticos que aspiran a gobernar la Argentina en los próximos cuatro años, que ofrece una solución concreta a la crisis habitacional que estamos viviendo. Genera una esperanza de que, en su gobierno, el tema de los alquileres y el de la política habitacional en general, estará en su agenda e integra parte de sus principales propuestas de gestión. Una luz al final del túnel.

Iván Kerr es coordinador de Mesa de Vivienda y Hábitat de la Fundación Pensar.