La emisión de un dictamen que se conoció 12 horas después de su firma y que tuvo como acto reflejo la postergación de la sesión fue el preanuncio de una ronda furiosa de tratativas. El oficialismo no cuenta con los votos para aprobar los puntos centrales del proyecto de ley ómnibus y este mediodía un emisario del Poder Ejecutivo salió a la caza de las adhesiones faltantes. Se trata de José Rolandi, vicejefe de Gabinete, quien se juntó en el despacho de la presidencia de la Cámara baja con referentes del radicalismo y el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto para delinear nuevas modificaciones que se plantearán en el recinto.

“La pelota está de su lado. Nos pasamos de colaboracionistas”, bramó un referente radical tras salir del despacho del presidente de Diputados, Martín Menem, quien solo ofició de anfitrión para recibir al funcionario nacional y a los legisladores que definirán el futuro del proyecto de ley impulsado por Javier Milei. En esta reunión se encontraban los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, Roxana Reyes (Santa Cruz), Soledad Carrizo (Córdoba), y el secretario parlamentario del bloque, Alejandro Cacace.

El objetivo de la cumbre fue puntear una a una las más de 170 disidencias que el partido centenario presentó en la firma del dictamen de mayoría y que exigen que sean consideradas durante su tratamiento en el recinto. Según trascendió, esperan una respuesta del Ejecutivo para el viernes o el sábado, a más tardar. “La idea es ordenar la sesión en labor parlamentaria el lunes”, deslizaron en la UCR, ya escépticos por los tiempos que asume el oficialismo. El objetivo es que el miembro informante de la sesión, antes de comenzar la votación, mencione las disidencias planteadas en el plenario y proponga tratar un texto ya modificado.

El mismo modus operandi se adoptó con Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Los diputados Juan Brugge (Córdoba), Carlos Fernández (Misiones) y Juan Manuel López (CC-CABA), se congregaron en el despacho de la presidencia de la Cámara poco después de la salida de los radicales. Se sumaron a esta cumbre José Luis Espert (Avanza Libertad) y los libertarios Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, respectivamente. Se los veía ir y venir con escritos con propuestas específicas para sus propios territorios.

En estas dos bancadas gravitan los oficialismos de Chubut, Entre Ríos, Misiones, Salta, Córdoba y Río Negro, quienes miran con estupor cómo el Gobierno los amenaza por redes sociales con quitarles partidas presupuestarias mientras los diputados que les responden trabajan para que el megaproyecto logre trascender el ripio de una sesión maratónica.

El incremento de las retenciones a los productos del complejo cerealero y ganadero, así como la disminución del corte de biocombustibles son los puntos que los mandatarios provinciales pretenden retrotraer. Lo mismo con el traspaso de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, que las provincias respaldarían a cambio de que se reconozcan las deudas previsionales pendientes con los distritos y se asegure la compensación a las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la Anses.

Cuando creíamos que en el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado.

Con cinco gobernadores propios, el radicalismo también responde por sus intereses. Por eso, el mandatario santafecino, Maximiliano Pullaro, se encargó de reunirse con todos y cada una de las bancadas dialoguistas para fijar sus preocupaciones y llevarse garantías de que no prosperarían. A pesar del diálogo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y de la propuesta concreta del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, se encargó de llevarle en persona, ninguno de los siete puntos sugeridos fue tomado en cuenta.

“Hay mucho enojo. Lo de La Libertad Avanza del martes fue un papelón”, confió a LA NACION un referente de este espacio, que suma 32 voluntades claves para definir el futuro del proyecto de ley ómnibus. Es que los cambios que se comprometió a hacer el oficialismo en las negociaciones previas al plenario de comisiones no se terminaron reflejando en el texto del dictamen. En las vísperas del paro general convocado por las centrales sindicales, el Gobierno se sumó a jugar la batalla simbólica y prefirió emitir un dictamen a cualquier costo antes de allanar y ordenar las voluntades de cara a la sesión.

Por eso, en este nuevo round de tratativas, la UCR y Hacemos Coalición Federal volvieron a la carga con sus planteos y dejaron en claro a los libertarios que una gran parte del paquete fiscal, tal cual está escrito, no pasará en el recinto. Se descuenta que Pro acompañe la mayor parte de la iniciativa, salvo la suba de retenciones.

En paralelo a esta seguidilla de conversaciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a la carga con las afrentas al Congreso y anunció que el Gobierno creará una fiscalía especial para investigar “la corrupción de los funcionarios públicos” pasados y actuales, y agregó, además, que la investigación abarcará a “a funcionarios nacionales, provinciales y legislativos”, un modo directo de tensar la cuerda con los diputados.