Las autoridades de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) expresaron hace instantes su rechazo al DNU presidencial difundido hace una semana en lo que se refiere al ejercicio profesional. Las modificaciones incorporadas “atentan contra el rol del farmacéutico”, afirmaron.

En simultáneo, la Confederación Farmacéutica Argentina, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, el Círculo de Prestaciones Farmacéuticas y el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos anunciaron que se movilizarán frente a Tribunales para presentar un amparo contra el DNU, como lo hizo la CGT esta semana. También, se convocó a un paro de actividades de 12 a 13 en las farmacias.

El decreto presidencial 70/2023 del 20 de este mes con el título “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” introdujo cambios que interfieren con la Ley N° 17.565, que es la norma que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica y la habilitación de farmacias, las droguerías y las herboristerías. Esas modificaciones tienen que ver con la habilitación de las droguerías –los “mayoristas” en la cadena de provisión de medicamentos– a dispensar medicamentos con receta y la desregulación del expendio de medicamentos de venta libre, la presencia efectiva de los directores técnicos durante los horarios de funcionamiento de farmacias y droguerías, los libros habilitados por la autoridad sanitaria en las droguerías y la habilitación y la dirección de las herboristerías.

Esta tarde, tras el análisis y la consulta jurídica sobre la afectación de la ley de ejercicio profesional, se reunió el Consejo Directivo de la FFyB. Hace instantes, emitió una resolución en la que ese cuerpo resolvió: “Rechazar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 en función de las modificaciones que atentan contra el rol del farmacéutico como agente sanitario, posicionen al medicamento como un bien meramente comercial y ponen en riesgo la investigación, desarrollo y producción pública de medicamentos”.

Además, se definió adherir a las manifestaciones y los reclamos de las asociaciones profesionales y otros cuerpos colegiados.

“El decreto 70/2023 introduce modificaciones que ponen en riesgo el rol del farmacéutico y de la farmacia comunitaria como puertas de entrada al sistema de salud, al asegurar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos”, señala el Consejo Directivo en los fundamentos de la resolución. “La modificación de la regulación del ejercicio de la actividad farmacéutica no reviste una particular urgencia y requiere de un adecuado debate y consenso”, plantea el texto que lleva la firma de Pablo Evelson, decano de la FFyB, y de Marcela Radice, secretaria académica de la facultad.

En diálogo con LA NACION, Evelson señaló que apuntan a respaldar el rol del farmacéutico como agente de salud, en cuanto al conocimiento profesional que tiene para brindar orientación a la población que necesita comprar un medicamento y qué producto le puede corresponder a cada persona de acuerdo con la prescripción del médico. “Es importante que haya un profesional por farmacia”, insistió el decano.

También mencionó los resguardos que deben tenerse al tomar medidas o legislar sobre los medicamentos de venta libre. Los puntos de preocupación alcanzan desde la pérdida de trazabilidad hasta cómo se desechan. “Que se puedan vender en cualquier lugar, no solo en las farmacias, más allá de que está mal no significa que sean inocuos”, sostuvo Evelson. Una persona anticoagulada o con una úlcera gástrica o con problemas hepáticos, entre otras tantos ejemplos, que se automedique con un producto de venta libre puede tener una complicación para su salud. De ahí la relevancia de que quien vende un fármaco entienda sobre la composición y los riesgos frente a otros problemas de salud o las interacciones con otros medicamentos.

“El medicamento debe verse como un bien social y no comercial”, dijo el decano.

El Consejo Directivo de la FFyB también criticó la referencia en el DNU a la ley 27.113 de creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) y de financiamiento de la producción pública de medicamentos. La agencia, que se eliminó por decisión presidencial, como publicó LA NACION, tenía una función de coordinación de la elaboración complementaria de formulaciones pediátricas o productos de bajo costo o esenciales que la industria no produce ni provee para el sistema público y las provincias.

En cuanto al amparo que presentarán hoy contra el DNU la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, el Círculo de Prestaciones Farmacéuticas y el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, que además incluirá movilización, los organizadores dijeron a LA NACION: “Este DNU, emitido sin un diálogo previo con los actores involucrados, representa un avasallamiento a los principios fundamentales de la salud y al rol esencial que desempeñan los farmacéuticos en la atención primaria. La medida afecta no solo a nuestra profesión, sino también a toda la sociedad, comprometiendo el acceso oportuno y seguro a los medicamentos”.

En coincidencia con los argumentos del Consejo Directivo de la FFyB, un comunicado de la COFA sostiene: “Con el argumento falso de bajar el precio de los medicamentos, el DNU lleva a la destrucción de la profesión farmacéutica, minando 20 artículos de la ley 17.565 de ejercicio profesional, planteando incluso que puede haber farmacia sin farmacéutico, es decir que les quita la condición de establecimientos sanitarios. (...) Se pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos, quitando controles sanitarios sobre los medicamentos”.

Acompañando la presentación del amparo, las farmacias cerrarán en todo el país entre las 12 y las 13.