Por qué un economista cree que el Gobierno quiere seguir con el “dólar Conurbano”
CÓRDOBA.- Fernando Marengo, socio y economista Jefe del estudio Arriazu Macroanalistas -uno de los más escuchados por los empresarios en la Argentina-, definió como el escenario “deseado” en...
CÓRDOBA.- Fernando Marengo, socio y economista Jefe del estudio Arriazu Macroanalistas -uno de los más escuchados por los empresarios en la Argentina-, definió como el escenario “deseado” en materia económica por el Gobierno el de “seguir con el actual tipo de cambio, sin un salto discreto”. Lo calificó como “dólar Conurbano”, que no se quiere mover porque, cuando se hace, “pega en la canasta básica, en la inflación y, por ende, en la pobreza”. Para poder lograrlo, el ministro Sergio Massa debe conseguir dólares sin condicionamientos.
“Si el plan ‘llegar’ llega -describió-, después vendría una depreciación del dólar oficial devenido en comercial, ajuste y reducción de la brecha”. Marengo señaló que, de contactos con la oposición, lo que se puede esperar es “un desdoblamiento cambiario con ajuste fiscal”. Si hubiera “explosión” ya no habría desdoblamiento, “se empezaría de cero”.
Como otro escenario extremo -si no se consiguieran dólares-, describió que habría un fuerte salto cambiario inicial que “rápidamente” pasaría a precios: “Empieza una dinámica de devaluación, ajuste de tarifas y de salarios”.
Por supuesto, hay una posibilidad intermedia, en donde los dólares se conseguirían, pero “con requerimientos”. Es decir, no para “defender el dólar Conurbano; sino que hay que ajustar el tipo de cambio”, planteó el economista, que añadió que ese esquema necesita de un “ajuste de tarifas y de salarios” que también impulsa la inflación y, probablemente, la “conflictividad” social. “¿Puede el gobierno licuar planes sociales y jubilaciones o no tiene políticamente poder y debe seguir ajustando por inflación pasada?”, se preguntó.
El economista disertó ante inversores en Córdoba, en un seminario organizado por S&C Inversiones SA. En su charla habló de una “crisis en etapas” donde la inflación es una aliada del Gobierno, ya que “infla la recaudación, licua gastos y obliga a andar con pesos en el bolsillo, con lo que lo financiamos”.
En su presentación repasó que, finalmente, el impacto de la sequía sobre el campo en particular y la economía en general, será mayor al “peor escenario” esperado, con lo que se perderán ingresos por más de US$20.000 millones. Dijo “3,5 puntos del PBI por impacto directo” al que hay que sumarle efectos negativos en todas las actividades.
Marengo recordó que en la sequía del 2008, el gobierno de entonces, encabezado por Cristina Kirchner, intentó una política anticíclica, con una expansión del gasto de casi tres puntos del Producto que generó un deterioro del superávit primario de 1,5 puntos a la vez que provocó un déficit financiero que “se financió con la expropiación de las AFJP”.
Las reservas líquidas del Banco Central las estimó en negativas en US$2.400 millones, aunque sostuvo que el número “más relevante” es el de la liquidez que en abril era de US$12.000 millones y ahora es de menos de US$11.000 millones. “Tiene suficiente pero el problema es que no es propia y depende del flujo de divisas que depende de las exportaciones que se están desacelerando”, añadió.
Respecto de los depósitos en dólares -otro factor “clave” a seguir-, indicó que hubo una “fuerte caída” desde el 18 de abril, pero en las últimas semanas se “estabilizó”. “A pesar del cepo, de las reservas cayendo, de todos los del Gobierno tratando de conseguir dólares, hay una curiosa normalidad. Lo que se ve es que cuando el tipo de cambio deja de tener saltos violentos la gente deja de tocar los depósitos”, describió.
Marengo apuntó que si bien el gasto primario viene cayendo, también lo hacen los ingresos, por lo que el déficit sube: “Se financió con emisión y, desde abril, con colocación de deuda en términos netos, con lo que se van descomprimiendo los vencimientos de corto plazo”. Subrayó que junio y julio son “complicados” por los vencimientos en pesos, por los US$2.600 millones a pagarle al FMI en cada mes y los US$1.500 millones a afrontar del cupón en dólares de la deuda ya reestructurada.