El gravamen que pesa sobre los débitos y créditos bancarios, más conocido como impuesto al cheque, es considerado altamente distorsivo para la actividad económica, y desde hace años economistas y tributaristas afirman que una modificación el esquema tributario debería incluir su eliminación. Se trata del impuesto que los gobernadores pusieron semanas atrás en la mira, para que se les compense la pérdida de recursos que sufren tras los cambios en el impuesto a las ganancias de los asalariados. Más allá de ser una carga fiscal nada recomendable, sobre todo en un país con tan alta informalidad como la Argentina, lo cierto es que, según lo establecido por la ley 27.432, tiene el 100% de su recaudación derivada a la Anses. Concretamente, este año le aporta al organismo de la seguridad social alrededor del 12% de los recursos necesarios pagar jubilaciones y otras prestaciones como la AUH y los pagos por hijo para asalariados y monotributistas.

Si se aprobara una iniciativa como la que circuló días atrás, tendiente a “desafectar” la mitad de la recaudación del tributo de su destino actual, la Anses, cuya cuenta a pagar equivale este año alrededor del 9% del PBI (incluyendo jubilaciones, otras prestaciones y gastos operativos) perdería ingresos por el 0,6% del producto, según un informe elaborado por Sergio Rottenschweiler y María Ignacia Costa, docentes en la Universidad de General Sarmiento especializados en temas de seguridad social.

“El 50% del impuesto al cheque alcanza, por ejemplo, para pagar la asignación universal por hijo, y sobra dinero”, ejemplifica Rottenschweiler. En un contexto de déficit fiscal, con un gobierno que se propone llegar al equilibrio en un año, el economista afirma que “no hay margen” para la solución pretendida por los gobernadores tras recibir menos fondos.

La sábana es corta y, después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo días atrás que no se coparticiparía el impuesto al cheque, el tema de la baja de recursos para las provincias fue un tema considerado hoy en el encuentro que los 23 gobernadores y el jefe del gobierno porteño mantuvieron con el presidente Javierl Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Luego de esa reunión, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, posteó en la red X un comunicado, que lleva la firma de otros mandatarios y que expresa que “la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado ya que afecta derechos de los trabajadores. Es por eso que seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque”. A continuación, se consignan las cuentas de Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Oslvado Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja). Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Entre enero y noviembre de este año, según datos de la AFIP, por el impuesto al cheque se recaudaron $2.718.896 millones, un 129,4% más que en igual período de 2022. Proyectado para todo este año, el 50% de la recaudación, que es que pedían los gobernadores –de acuerdo con un documento firmado a fines de noviembre-, implicaría, a valores de este año, alrededor de $1.500.000 millones.

Algunas cifras para dimensionar: desde el inicio de 2023 y hasta noviembre, según el último informe de ejecución del gasto elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Estado nacional derivó $746.097 millones al pago de asignaciones familiares, es decir, a las prestaciones por hijos para asalariados formales y monotributistas. A esa cifra se sumó otra de $613.377 millones por la AUH; es decir, hubo un total de $1.359.474 millones para los pagos por hijo. Ese monto, según el informe de la OPC, es un 30,7% más bajo que el asignado a tal destino en los primeros once meses de 2022, medido en términos reales, es decir, corregido por inflación). En las asignaciones familiares del sistema laboral la disminución del gasto real llegó al 37,5% interanual, en tanto que en la AUH el ajuste fue de 20%.

El de asignaciones familiares es, de hecho, uno de los rubros del gasto que más ajuste sufrió en los últimos meses de la presidencia de Alberto Fernández. Entraron en juego varios factores, como el hecho de que la actualización se hace según la fórmula de movilidad previsional, que dio índices muy por debajo de la inflación, y como la quita de un adicional que se abonaba en 2022.

También las jubilaciones y pensiones sufren un fuerte ajuste este año, por la insuficiencia del índice de movilidad trimestral frente a la muy alta inflación. Mientras que los reajustes de haberes acumulan en todo el año un 110,9% por la fórmula de actualizaciones (sin contar los bonos, que no llegan a todos los jubilados), se estima que 2023 cerrará con una inflación de entre 200% y 220%. Aun con los refuerzos, los jubilados del haber mínimo también perderán poder de compra, porque la diferencia entre lo percibido al inicio y al final del año es de 167%.

El impuesto a las ganancias, por su parte, tenía su esquema muy retrasado frente a la inflación, estaba altamente distorsionado y provocaba una creciente carga tributaria para salarios que, en muchos casos, perdían poder adquisitivo. Aún con todo ello, la reforma aprobada (en el caso de los últimos meses de este año, por decreto, y en el caso de 2024 y los períodos siguientes, por ley) no fue, por varios motivos, la más adecuada, según advirtieron en su momento varios expertos. Uno de puntos cuestionados es que se redujeron de un momento a otro los recursos para el Estado sin la contrapartida de una baja del gasto, y sin compensación alguna con alguna otra fuente de ingresos.

En noviembre, lo recibido por las provincias en concepto de coparticipación cayó, descontando la inflación, un 13,6% interanual, según consigna un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “La caída es explicada por un menor desempeño en la recaudación real del IVA, debido a cambios en relación con la administración tributaria sobre percepciones aduaneras, y al mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias, producto de la reciente reforma de la cuarta categoría” señala un informe de ese centro de estudios.

Según lo que significaría la aplicación de la ley de Ganancias aprobada para 2024, desde el próximo mes el impuesto impactaría en las remuneraciones superiores a $2.340.000. Si se hiciera una “reversión” de la reforma (tal fue la primera intención del Gobierno, según se dejó trascender la semana pasada), se volvería al esquema previo de actualización del piso salarial para empezar a tributar, y esa cifra sería, aproximadamente, de $974.476, en bruto. Pero también podría haber alguna alternativa intermedia entre ambas cifras, si se modifica en el Poder Legislativo la modalidad actual de reajustes del esquema.

“La pérdida de recursos en la coparticipación viene por dos vertientes: una es el plan platita de Massa, que por decreto estableció una baja de Ganancias para los asalariados para estos meses, que aumenta las distorsiones con los autónomos, y una devolución del IVA a los más necesitados –describe el contador César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados-. La otra es la reforma aprobada por el Congreso para Ganancias a partir de 2024, un verdadero disparate, por la pérdida de la recaudación y por el agravamiento de las distorsiones” que se deriva de su contenido.

En la opinión de Litvin, para compensar la caída de recursos para las jurisdicciones “no es el mejor camino” coparticipar un impuesto muy distorsivo, como el que pesa sobre las operaciones bancarias, un impuesto “que debería eliminarse inmediatamente de producirse el equilibrio fiscal”. Según considera, el Congreso deberá resolver el tema, pero, además, afirma que deberá tenerse en cuenta que la austeridad en el gasto planteada por el gobierno nacional deberá extenderse a provincias y municipios. “Las jurisdicciones que, en lugar de bajar el gasto intenten aumentar los impuestos, perderán inversiones, porque las empresas trasladarán actividades a los lugares más competitivos en términos tributarios”, analiza.

El economista Oscar Cetrángolo considera que “la mejor y la única salida razonable” a la situación es “cobrar un buen impuesto a las ganancias”. Y eso significaría, según especifica, “eliminar exenciones y tratamientos diferenciales, reconstruir los mínimos no imponibles y la escala de alícuotas progresiva, y hacer una adecuación según lo que están haciendo otros países de la región y del mundo desarrollado. No hay un diseño único, pero el nuestro estaba muy desactualizado”.

Con respecto al impuesto al cheque, Cetrángolo, que es investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, lo define como “el peor que existe”, y advierte que si se lo coparticipa “se le pone un límite a la eliminación”. Incluso sin que se cambie su destino, aclara que, como se debe asegurar el financiamiento de los gastos de cada nivel del Estado, “la eliminación del impuesto tiene que estar acompañado por otras reformas tributarias”, a la vez que “debería haber un acuerdo con las provincias, para asegurar el financiamiento del sistema previsional”.

“En un escenario de fuerte reducción del déficit a nivel nacional, es difícil pensar en coparticipar impuestos que tienen asignación específica”, como es el caso de la carga sobre los débitos y créditos bancarios, afirma Andrés Edelstein, exsecretario de Ingresos Públicos y socio de Edelstein, Mariscal, Torassa & Asociados, para quien lo que reclaman los gobernadores “ya fue”.

¿Y entonces? “Se impone la necesidad de dialogar y establecer nuevas reglas a través de un acuerdo interjurisdiccional, apenas las circunstancias lo permitan”, evalúa el contador. En particular sobre el impuesto al cheque, considera que se debería ir a un esquema de eliminación progresiva, ampliando primero la posibilidad de tomarlo como pago a cuenta de Ganancias y, luego, derogándolo o sustituyéndolo “por un impuesto al uso de dinero en efectivo”, como una forma de incentivar la formalización de las operaciones de la economía.

Este año, y según las estimaciones de Rottenschweiler, la Anses recibe recursos por el equivalente al 10,6% del PBI. Los aportes y contribuciones del sistema laboral representan un 4,2% del producto; los ingresos tributarios, un 3% (en ese ítem, más de la mitad corresponde al impuesto al cheque); rentas de la propiedad, un 0,6%; y “otros ingresos corrientes y de capital”, un 2,9% del PBI (alrededor de un cuarto de los recursos totales). En este último concepto se incluyen fondos para pagar la prestación no contributiva PUAM y lo que haga falta para financiar el déficit del gasto asumido, entre otros conceptos.