Luego del salto inflacionario de diciembre de 2023, a algunos les llamó la atención que los relevamientos privados pronosticaran una desaceleración para enero. Recientemente el Banco Central (BCRA) publicó el relevamiento de expectativas entre quienes proyectan variables económicas (REM) y casi todos prevén que la tendencia descendente de la inflación mensual continuará, por lo menos, hasta mediados de año. Incluso, según esa encuesta, se podría llegar a registrar un Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual de un dígito en el segundo trimestre del año. La pregunta es si necesariamente va a ser así. Y la respuesta se puede encontrar analizando por qué se dio tan alto porcentaje de alzas de precios de diciembre.

El gobierno anterior dejó al país en medio de un proceso hiperinflacionario. Por un lado, la decisión política de emitir en grandes cantidades para financiar los excesos de gastos electorales impulsó una mayor depreciación del peso. Por el otro, para defenderse de esta quita en su poder adquisitivo, la gente reacciona desprendiéndose cada vez más rápido de la moneda nacional, comprando dólares, bienes o servicios. La caída en la demanda de dinero también hizo que el peso pierda valor, sumándose a la caída gestada por el BCRA, y justificando el círculo vicioso de aceleración inflacionaria.

Sin embargo, cuando baja el poder adquisitivo del peso los precios de los bienes y servicios no suben inmediatamente. Lleva algunos meses que la depreciación se vea reflejada en todos ellos. La velocidad depende de cómo sean sus respectivos mercados. Eso hace que, luego de una merma del valor del peso, se dé una parte importante del alza en el primer mes y, después, su impacto inflacionario sea decreciente. Así que era esperable que la destrucción del valor de la moneda llevada adelante por el anterior gobierno impactara más en diciembre y, luego, lo fuera haciendo con menor intensidad.

Por otro lado, en la Argentina se ha diluido la calidad institucional a tal nivel que el Estado tiene una gran capacidad de daño sobre el sector privado. Abusando de ello, durante el período preelectoral, la anterior gestión se dedicó a presionar a las empresas para que subieran sus precios por debajo de la inflación. Por supuesto, este proceso no es sostenible porque los costos sí aumentan acorde con la verdadera depreciación del peso, hasta igualar o superar los valores de venta. Así es como las góndolas y los surtidores terminaron vacíos porque no convenía producir, experiencia que toda la población sufrió en 2023. Ante la escasez, la administración Fernández-Massa volvió a ir sobre las empresas y, a cambio de algún incremento menor, las comprometió a garantizar cierto nivel de provisión de sus productos hasta la segunda vuelta del 19 de noviembre. Una vez que los argentinos votaron, el acuerdo se terminó y los precios de los productos que venían atrasados tendieron a acomodarse. Un proceso que ocurrió desde finales de noviembre y durante el mes de diciembre.

Si bien buena parte de la corrección ya se hizo, aún hay mucha tarea pendiente y le ha tocado a la actual gestión reordenar los atrasos en los precios regulados y en las tarifas subsidiadas. Esto seguirá manteniendo alto el IPC durante los próximos meses; pero se espera que no modifique la tendencia descendente de la inflación.

La decisión del actual gobierno de que sus gastos totales se ajusten a sus ingresos totales es un factor importante para justificar las expectativas de desaceleración del IPC. Esta regla previene al BCRA de emitir para financiarlo y, por consiguiente, apaga uno de los motores que empujaba la depreciación de la moneda. De hecho, la cantidad de pesos (base monetaria) que tienen los argentinos ha subido muy poco desde la asunción del presidente Javier Milei. En simultáneo, la esperanza de un cambio de rumbo de la Argentina frenó o moderó la huida del peso y la fuga de capitales. Y también colaboró que, hacia finales y principios de año, la gente acostumbra atesorar más moneda local para enfrentar los gastos de las Fiestas y las vacaciones. Por supuesto, esa tendencia estacional ya ha empezado a revertirse, en la medida en que dichos gastos se han comenzado a realizar.

La fuerte discusión política alrededor del DNU y la ley ómnibus ha gestado mayor incertidumbre, disminuyendo nuevamente la preferencia por retener pesos. Dichos factores están haciendo que se pierda poder adquisitivo, algo que se verá reflejado en los precios del conjunto de los bienes y servicios en los próximos meses. Por ahora, este proceso no es lo suficientemente fuerte para cambiar la tendencia a la desaceleración de la inflación, pero sí hace que esta última sea más alta de lo que podría haber sido.

Para desactivar completamente el proceso hiperinflacionario que dejó la anterior administración es crucial haber dejado de financiar al Estado con emisión. Sin embargo, también es vital que la dirigencia política se aboque a dar señales claras, a los ciudadanos argentinos y a los extranjeros, de que se logrará el cambio de rumbo que mayoritariamente se votó en las elecciones. Esto es necesario para alentar a la población a no desprenderse de los pesos, lo que contribuirá a una disminución más rápida de la inflación. También lo es para que la economía supere la recesión heredada. Se necesita más confianza para que la gente deje de ahorrar con el objetivo de comprar dólares y disminuya la fuga de capitales. De esa forma, la demanda interna empezará a aumentar, impulsando la producción, y contribuyendo a que la crisis quede superada.

Lamentablemente, en el escenario de la política, quienes tienen la responsabilidad de gestar ese cambio de rumbo y plasmarlo en nuevas normas están dando un pésimo espectáculo. Es imprescindible que recapaciten y prioricen el bienestar del conjunto de los argentinos, dejando de lado intereses particulares o sectoriales que amenazan dejarnos sin futuro.