MENDOZA.- La industria vitivinícola se encuentra en alerta, analizando cada paso que da la nueva gestión presidencial. Es que el sector quedó herido tras la sorpresiva imposición de retenciones, en el orden del 8%, por lo que ahora estudia el alcance del superdecreto que deroga tres leyes de la actividad. Así, aunque se trata de normativas antiguas, nacidas en la época de la dictadura militar, los principales referentes de la actividad madre de la provincia se mantienen expectantes para conocer la letra chica de la herramienta legal, atentos al vínculo entre los grandes jugadores y los pequeños productores, que podrían verse perjudicados frente a la desregulación del mercado, incluso a la hora de establecer precios.

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“Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola”, fue el escueto anuncio que hizo el presidente Javier Milei sobre el sector en cadena nacional. Luego se conocieron algunos detalles de la medida. “Varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, como ocurre con la industria vitivinícola, por lo que resulta adecuado derogar la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola”, indica el texto del DNU. En el primer caso, se trata de una ley de 1970 vinculada a los contratos por cuenta de terceros, a maquila o exclusiva del viñatero, lo que podría incidir sobre el pequeño productor a la hora de reclamar en negociaciones con los actores de mayor peso.

“En cuanto a la elaboración de vinos a terceros, nos regimos por una ley provincial, con fundamentos de regulación similares a la ley derogada. Entendemos que no habría problemas, salvo que el presidente mande a derogar este tipo de normativas locales. Sería una discusión fuerte que se deberá dar”, contó a LA NACION Matías Manzanares, secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM). “Se refiere a vinos de un tercer elaborador, una garantía para el productor, una forma legal de diferenciarlo de los acreedores, en caso de algún conflicto”, acotó.

“También nos preocupa la legislación laboral, pero netamente de la vitivinicultura lo importante es que el DNU no toca la Ley General de Vinos ni la ley del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Lo que más nos inquieta en el sector son los costos de producción, los precios de la uva y el vino, que vienen con muy poco movimiento, cuando los costos de los insumos nos han aumentado hasta 300%. También, estamos preocupados por las retenciones que decidieron aplicar, más allá de la mejora en el dólar oficial”, completó Manzanares.

En tanto, desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que nuclea a la mayoría de las entidades del sector, analizan el alcance del DNU y reconocen que ponen atención en la relación entre los viñateros y los bodegueros, ya que de ahora en más se avanzaría bajo lineamientos de contratos generales, “de acuerdo entre privados”.

“Las tres leyes son antiguas que, si bien están en vigencia, hoy no están usándose. Lo que más nos preocupa son los contratos de elaboración; no sabemos cómo quedaría y qué pretende el Gobierno. Ahora hay que esperar la reglamentación, con la letra chica. Todas las entidades estamos analizando todo”, indicó a este diario Fabián Ruggeri, titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi).

En tanto, hay otras situaciones que tienen expectante a algunos actores del sector. Entre ellas, lo que ocurrirá luego de la eliminación del SIRA, ya que temen que se vuelva a permitir el ingreso de vino desde el exterior, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con el vino a granel desde Chile.

A la espera de que el panorama se aclare con las nuevas medidas, la realidad del sector sigue siendo crítica. Los incrementos en los insumos de elaboración suman otro escenario complejo: falta de acuerdos bilaterales, cargas impositivas, caída del mercado interno y una marcada baja de las exportaciones, superior al 30%.