En lo que se anticipa como un nuevo debate maratónico, el oficialismo libertario buscará aprobar en la Cámara de Diputados la “Ley de bases” y el paquete fiscal, dos iniciativas reclamadas por el gobierno de Javier Milei. La sesión está convocada para hoy, a las 12, y será una suerte de “revancha” para la Casa Rosada después del fiasco del pasado 6 de febrero, cuando fracasó en su intento de aprobar el proyecto fundacional del Poder Ejecutivo y terminó ordenando su regreso a comisiones.

En esta oportunidad, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y los estrategas oficialistas decidieron priorizar la aprobación de las iniciativas y aceptaron una importante cantidad de modificaciones con tal de conseguir que los textos pasen al Senado en revisión. El Poder Ejecutivo no solo eliminó cláusulas que concitaban fuerte resistencia en los bloques de la oposición dialoguista, sino que redujo sus pretensiones y pasó de los más de 600 artículos de la versión inicial de la ley ómnibus a los pocos más de 250 que contiene el proyecto ahora.

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No obstante, el fantasma del fracaso en la discusión en particular no está del todo disuelto. En el radicalismo, bancada que preside el cordobés Rodrigo de Loredo, todavía persisten disidencias internas que podrían surgir cuando se discutan el articulado de las iniciativas y complicar la ratificación de algunas cláusulas.

No es la única bancada en la que hay diferencias: el sector que responde a la Coalición Cívica del interbloque Hacemos Coalición Federal (HCF), conducido por el peronista antikirchnerista Miguel Ángel Pichetto, presentó un dictamen en minoría que podría traducirse en votos en contra en varios artículos. Además, este sector pretende ampliar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En el primer intento, la denominada ley ómnibus logró superar el filtro de la votación en general, tras un desgastante debate, con 144 votos a favor, 15 por encima de la mayoría absoluta de 129 voluntades que, además, es la vara a alcanzar para sostener el quorum de la sesión. El golpe para el Gobierno se registró en el debate en particular, luego de que se discutieron seis artículos en los que la oposición comenzó a arrancarle jirones de la iniciativa, lo que provocó el enojo de Milei.

Por esa razón, ahora Menem pretende votar el proyecto por capítulos. A priori, con el objetivo de garantizar el trámite menos traumático posible, el oficialismo aceptó eliminar los temas más urticantes. Así fue como en el camino quedaron la privatización del Banco Nación, el intento por darle un nuevo destino al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que maneja la Anses y las modificaciones a la ley de defensa de la competencia.

Además, sufrieron una importante reducción los artículos relacionados con la reforma laboral, luego de un tironeo entre la UCR y la bancada de Pichetto, y el paquete de leyes tributarias.

El cronograma tentativo contempla agotar el debate una vez abierta la sesión. Así, la finalización de la sesión estaría prevista para este martes. Con este cambio, se busca evitar llegar al miércoles 1º de mayo con los diputados discutiendo en el recinto y los gremios movilizados en la calle por el Día del Trabajador, protestando contra el Gobierno.

Para tratar de cerrar estas grietas que podrían surgir durante el debate en el recinto, el Gobierno apuesta a superarlas con el apoyo de votos peronistas. Si bien el kirchnerismo declaró su rechazo de plano a la denominada “Ley de bases” y al paquete fiscal, la Casa Rosada se movió en los últimos días para asegurarse el respaldo de algunas provincias.

Todas las miradas apuntan al santiagueño Gerardo Zamora, que maneja siete diputados. La jugada tiene un doble sentido, ya que el mandatario administra el voto de tres senadores que podrían ser determinantes en la Cámara alta.

Zamora es, además, uno de los más beneficiados por la inyección de fondos coparticipables que recibirán las provincias por la restitución de la cuarta categoría de Ganancias que incluye el paquete fiscal.

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Como contrapartida, esta cláusula es resistida por las provincias patagónicas, ya que los trabajadores petroleros sufrirán un duro recorte en sus ingresos con un nuevo piso del impuesto. En las últimas horas, se sumó el reclamo del gremio de los aceiteros, que anunciaron una medida de fuerza en rechazo a la medida que debatirá Diputados.