Rodeada por una miseria creciente que sus dirigentes colaboraron en acumular, la política argentina gasta como si hubiese construido un país de recursos infinitos cada vez que tiene que elegir al presidente, los gobernadores, los intendentes y los cuerpos legislativos. En cada uno de los múltiples sistemas electorales del país han generado otro barril sin fondo. Uno más de muchos.

Una maraña de trampas electorales se ha tejido en torno a las normas y las fechas para votar de cada distrito.

La posibilidad de sacar ventaja si se es gobierno inclina la cancha antes de cada partido. Los opositores siempre juegan de visitante, frente a un público hostil que invade la cancha, con reglas que se cambian a último momento y sin acuerdo en un día elegido por sus rivales, frente a equipos con jugadores mal incluidos y árbitros que suelen festejar los goles de los locales colgándose del alambrado. Todo y en todas partes es aceptado, sin importar mucho de qué gobierno se trate.

La Argentina es el país que ocupa más fechas del año calendario para hacer elecciones convocadas en beneficio de quienes las organizan

El sistema electoral, núcleo esencial de toda democracia, parece así un lujo extraño imposible de explicar cuando los funcionarios salen a mendigar créditos entre tantas carencias. Todo ha sido encarecido y malversado en torno a la voluntad soberana de un derecho principalísimo del ciudadano.

La Argentina es el país que ocupa más fechas del año calendario para hacer elecciones convocadas en beneficio de quienes las organizan. No hay otra nación que convoque a votar tantas veces en fechas distintas; hay, sí, muchos países en los que los votantes son convocados para elegir en un mismo día sus autoridades y a la vez responder consultas populares vinculantes sobre temas importantes, como el consumo de drogas, la despenalización del aborto o el uso de armas.

Distintas generaciones han ido destruyendo y desvirtuando las normas restablecidas y creadas a partir del renacimiento de la democracia

En su infinito número de elecciones el país gasta fondos imposibles de cuantificar con escasos controles y en su mayoría de origen y destinos desconocidos. El fin es garantizar que quien convoque pueda retener el poder.

Más de un siglo después de la primera gran reforma política argentina que hizo real el valor del voto popular, la ley Sáenz Peña, distintas generaciones han ido destruyendo y desvirtuando las normas restablecidas y creadas a partir del renacimiento de la democracia.

La provincia de Buenos Aires, ese gigante sin cabeza, depende invariablemente de las decisiones nacionales

No es poco, a 40 años de aquel 30 de octubre de 1983, cuando por última vez todos los argentinos votaron el mismo día y bajo normas similares para colocar en sus cargos a las autoridades institucionales de los tres niveles de gobierno. En nombre del federalismo, quince años más tarde de aquella fecha fundacional, empezaron los desdoblamientos de fechas. Primero tímidamente, luego en forma desbordada.

Pobre federalismo, no tiene la culpa. Los alemanes tienen desde la posguerra un sistema de autonomías similar, pero nunca se les ocurrió ocupar casi todos los domingos de un año para convocar a votar aquí o allá. Brasil, México y Estados Unidos, con estados (nuestras provincias) con derecho a leyes propias, mantienen un orden mucho más racional que la Argentina.

El desquicio electoral no es un tema de agenda prioritaria porque es menos visible en el centro del poder. La provincia de Buenos Aires, ese gigante sin cabeza, depende invariablemente de las decisiones nacionales, y de ese defecto nace la inesperada virtud de no buscar también desacoplarse. Los partidos bonaerenses, atados al gobierno de La Plata, tampoco tienen la independencia que tienen los municipios de la mayor parte de las provincias. Eso no impide cambiar las reglas en beneficio de quien manda: fue así como se borró la ley que impedía las reelecciones indefinidas en las intendencias.

En el resto del país miles de pueblos tienen a tiro de ordenanza de su intendente la potestad de llamar a elecciones cuando le convenga al caudillo del lugar. Todo no sería tan malo si no se acumularan gastos monumentales que un país empobrecido podría evitar con solo unificar las fechas electorales.

No es una mera cuestión de gastos. Hay provincias que tienen elecciones en sus pueblos casi todos los domingos de al menos un semestre. Sus habitantes van al menos cuatro veces a votar en distritos tan diversos como Mendoza, Tucumán, Córdoba, Santa Fe o Tierra del Fuego. Cuando un santafesino tiene dos turnos (PASO y generales) para elegir intendentes y gobernador, en Córdoba irán un domingo a votar el intendente, otro al gobernador, además de los tres turnos electorales nacionales. Ocurre otro tanto con un mendocino, un tucumano o un chaqueño, donde si no hay una PASO local hay elecciones municipales desdobladas.

Cuando se observa con preocupación una disminución de la participación electoral, pocas veces se incluye como motivo la cantidad de elecciones a las que hay que concurrir durante una campaña electoral continuada que invade todo, desde la vía pública, los medios hasta las redes sociales. El desinterés por algunas de esas elecciones suele ser la respuesta de parte de los votantes a semejante bombardeo.

En las elecciones locales, gobernadores e intendentes fijan la fecha según el momento que consideren más conveniente para ganar, evitando olas nacionales o climas políticos adversos.

El uso de la boleta única es minoritario y fue rechazado en el orden nacional. En cambio, la aceptación de engendros como las listas colectoras (un candidato a un cargo ejecutivo acompañado por decenas de sublistas legislativas) es de uso corriente. Y lo mismo la ley de lemas, repuestas en la desesperación de una posible derrota en San Luis, San Juan y Santa Cruz.

Cada domingo el país registra las imágenes de miles de votantes llevados en camiones a votar como ganado. En el último, otra foto dejaba ver a una decena de aviones oficiales que habían llevado a un gobernador a celebrar en Tucumán.

Cuatro días después de esos aterrizajes para celebrar el triunfo peronista en esa provincia no podía saberse todavía quién había ganado las elecciones en la capital, San Miguel de Tucumán. La normalidad del escándalo.