Patricia Bullrich se lo propuso y Javier Milei quedó encantado con la idea. Uno de los personajes escondidos, pero importantes, de la historia es Alejandra Caballero, una abogada especializada en temas comerciales que trabaja en el Ministerio de Seguridad y tiene la tarea de buscar mecanismos para construir cárceles sin poner dinero en un gobierno en el que no hay plata.

La idea de Bullrich tiene varios niveles, pero en su corazón es muy ambiciosa. Le pidió a su equipo que busque interesados en quedarse con los terrenos más caros en los que están ubicadas algunas prisiones federales.

El plan no solo es vender, sino recibir algo a cambio. Bullrich quiere ceder inmuebles a empresas que, en retribución, edifiquen más cárceles en lotes menos valiosos desde el punto de vista inmobiliario. Ya hay casos paradigmáticos, como Esquel, Resistencia y Río Gallegos.

Es el principio de la privatización de recursos ociosos o subutilizados. La ministra de Seguridad entiende a Milei como casi nadie. De hecho, ya le pidió a la AABE, el organismo que administra los bienes del Estado, que le pase una lista con los inmuebles que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Cada una tiene que identificar cinco terrenos que tengan valor comercial, pero no estén en uso.

Se armará una cartera y se pondrán a la venta. Una parte de lo recaudado irá para el Tesoro, y el resto, a la dependencia a la que pertenecen hoy. El Servicio Penitenciario tiene varios inmuebles de los que podría desprenderse.

Si aparece la posibilidad, se armará un esquema en el marco del sistema de concesiones del Estado con el objetivo de sumar cárceles sin que el Gobierno ponga plata, al menos hasta que termine el proyecto. Se están haciendo pruebas piloto.

Bullrich prepara en su galera un conejo que dará un golpe de efecto. Puso a evaluar la posibilidad de construir una megacárcel que podría convertirse en la más grande del país.

Las cárceles son el nexo entre los dos ministros preferidos de Milei. Luis Caputo, que no le da plata a casi nadie y todos los días acumula órdenes de pago sobre su escritorio, le dio el visto bueno a Bullrich para terminar los complejos penitenciarios de Santa Fe y de Mercedes, así como la ampliación del de Marcos Paz.

Ambos son el punto de encuentro, también, de las dos demandas más importantes de la sociedad: seguridad e inflación. Son, también, las dos áreas que más mira Milei.

Eduardo Endeiza es el director general de AySA, la empresa de agua y cloacas de la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano. No saca agua de las piedras, pero sí dinero de los recitales.

En marzo pasado, la empresa se lanzó a una aventura musical inédita: les cobró a los organizadores del Lollapalooza casi $19 millones por la provisión de agua potable en el festival que se hizo en el Hipódromo de San Isidro.

Le ofrecieron centenares de entradas para ver a Blink 182, The Offspring, Limp Bizkit, Phoenix, Miranda y el resto de las bandas que formaron parte del show. También stands para la empresa, pero rechazó todo. A su casi desconocido gestor le parecía ridículo recibir algo distinto a dinero cuando su mayor objetivo es dejar de pedirle plata al Estado.

Antes, AySA canjeaba el servicio por publicidad para concientizar acerca del uso del agua. Pero los tiempos cambiaron. La empresa que hasta diciembre pasado manejaba Malena Galmarini tiene que llegar al déficit cero en octubre. Endeiza recibirá cada vez menos dinero, por lo que los ingresos adicionales le vienen bien.

Habrá más casos similares en el año y un giro que sorprenderá a los clientes de AySA. Pondrá a todo el departamento comercial a pensar cómo aumenta la facturación. Es el plan acordado con Mauricio González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado. Su modelo es la empresa de agua de San Pablo (Brasil), Sabesp.

AySA también recortará gastos sensibles. La Jefatura de Gabinete debe decidir si mantiene o deja de pagar la logística de provisión de agua potable en las islas del Delta, una decisión de Malena Galmarini durante la pandemia. La gestión de Milei huele que es el producto de una generosidad nacida en la ambición política de la mujer de Sergio Massa.

A su manera, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, también está colaborando con la causa. Esquivó el costo argentino para hacer billetes a través de Casa de Moneda y los mandó a traer directamente desde China. Son más baratos.

La política del ajuste es un invitado visible en las reuniones de Javier Milei. Viernes por la tarde de hace dos semanas, en Casa de Gobierno. El Presidente recibe por primera vez al G6, una de las dosis más concentradas de representación empresaria en la Argentina. No les dio ni café. Solo agua.

La carestía les cayó bien a los hombres de negocios, que ven en la contracara de la austeridad el germen de la inflación que les dificulta el trabajo para planificar un futuro estable.

Los factores económicos asumen que la pelea contra los precios profundizará la recesión. Quieren llevarse algo mientras sufren por la caída de la actividad. Se lo plantearon cara a cara a Milei.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), le sugirió eliminar las restricciones para que la banca privada les dé crédito a las empresas, de manera que la transición hacia la estabilidad duela menos. Con matices, retoma una idea novedosa de Caputo: quiere que los bancos trabajen de bancos.

Es rupturista porque, hasta ahora, los bancos vivían de financiar el rojo del Estado en un negocio tan aburrido como redituable. Con la promesa de que no habrá déficit y la bola de Leliq desgranándose en la licuadora, los bancos tienen que buscar un nuevo horizonte.

Daniel Tillard es un cordobés “bueno” en el gobierno de Milei, que ya echó a Osvaldo Giordano, extitular de la Anses. Tillard está al frente del Banco Nación, que puso $600.000 millones en créditos en marzo para pequeñas y medianas empresas, individuos y comercio exterior. Es la impronta que le quiere dar junto a su vicepresidente, Darío Wasserman.

Tillard, que viene de manejar el Banco de Córdoba y tiene estrecha relación con el ministro del Interior, Guillermo Francos, dice que en 2023 el Banco Nación ganó plata, pero redujo los créditos a familias y empresas a un mínimo histórico. Eso se debió, según su diagnóstico, a que estaba dedicado a comprar Leliq y deuda del Tesoro. El nuevo escenario lo obliga a reconvertirse en la línea que quieren los industriales.

Algo similar ocurre con el acceso al dólar. Desde el punto de vista empresario, es mejor atravesar el invierno económico con divisas. En cuotas, se está normalizando el acceso, algo en lo que trabajan, en conjunto, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne -el sucesor de Guillermo Moreno, Paula Español y Roberto Feletti, entre otros, tiene tareas completamente distintas-, y el vicepresidente segundo del Banco Central, Alejandro Lew.

El Gobierno está entrando en una nueva etapa que requerirá de decisiones diarias mucho más quirúrgicas en comparación con las que mostró hasta ahora.

De a poco, está ganando relevancia en el plan económico el ajuste real del gasto y la generación de recursos (los terrenos de Seguridad, la venta de servicios de AySA) en detrimento de la licuadora que le dio múltiples alegrías en materia de consolidación fiscal. Se está pasando gradualmente a un modelo que garantice un ajuste sustentable y duradero.

Los jubilados son los primeros testigos del cambio. Fueron perjudicados en la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Esa tendencia continuó, acelerada, en los primeros meses de Milei en el poder. No podrán reclamarle a nadie por esos años perdidos, pero al menos le pondrán un freno a partir del mes próximo a la caída libre en la que venían sus ingresos.

La nueva receta está incluso más en línea con el reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Hace poco más de un mes, en su paso por la Argentina, la número dos del organismo, Gita Gopinath, había dicho públicamente que era necesario preservar el valor real de la asistencia social y de las jubilaciones. Es decir, ponerle un freno a la licuadora.

Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, fue un paso más lejos. A mediados de la semana pasada habló de continuar mejorando la calidad del orden fiscal. Y enfatizó: la calidad, y no la cantidad.

No hay un solo eslabón del equipo económico que esté dispuesto a sacrificar el objetivo de equilibrar las cuentas públicas este año, pese a que eso implique una profundización del estancamiento, el aumento de la pobreza y la pérdida del poder adquisitivo de casi todos quienes ganan en pesos.

El déficit cero es el principal objetivo. Hay dos más: que la inflación caiga como un piano y levantar las restricciones que pesan sobre el acceso al dólar.

En los últimos encuentros que tuvo Caputo con empresarios, sobrevoló tácitamente un número deseado. Nadie lo dirá de manera expresa, pero Economía podría celebrar efusivamente cualquier décima de inflación que esté por debajo del 10% y represente el regreso a niveles de un dígito en un mes estacionalmente complejo como marzo. En cualquier caso, se espera una cifra que muestre desaceleración.

Será una creación moldeada por las reglas de la libertad, pero también por el pragmatismo del ministro. Un miembro de su equipo, en clave misteriosa, reconocía esta semana que incluso las decisiones que aparentemente van en contra del corazón del plan (déficit cero) están contempladas en el objetivo mayor.

Es el pliegue en el que Caputo imprime su impronta fuera de cualquier dogmatismo austríaco. Ejemplos: le hizo llegar a YPF el mensaje para moderar las subas de los combustibles, se pelea por el precio del café y hasta diluye el ritmo de ajuste en las tarifas de los servicios públicos, cosas que repercutirán en el índice de inflación. En el ángulo que forman las antítesis de las escuelas económicas, el ministro elige en ocasiones su propia bisectriz.

Milei hizo una parte de lo que tenía decidido poner en práctica. Ahora, busca que los agentes económicos le crean y adecúen sus decisiones a la nueva realidad.

Es la diferencia entre tener un resultado fiscal equilibrado, bajar paulatinamente la inflación y mejorar el acceso al dólar en los primeros tres meses de gobierno y convencer a todos los factores de poder de que esos tres elementos convivirán entrelazados por mucho tiempo en el país.